Al presentar su informe sobre Derechos Humanos, resalta los asesinatos ilegales o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la Policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida.
Además, detenciones arbitrarias, injerencia arbitraria a la privacidad, difamación criminal de periodistas particulares, corrupción gubernamental grave y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
El informe detalla que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021.
“Según la Procuraduría General de la República, hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales”, indica.
El informe hace mención de casos específicos, como el asesinato de la pareja cristiana Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en circunstancias poco claras cuando Díaz y Muñoz regresaban a casa tras un acto religioso.
De igual manera el caso de Leslie Rosado después de que ésta supuestamente chocara con la motocicleta del agente y abandonara el lugar.